Suspendido el concurso de Muprespa para contratar servicios de detectives privados

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido provisionalmente el concurso del procedimiento “Contratación del servicio de investigación privada por medio de detectives en 50 provincias”. Este había sido convocado por la mutualidad Fraternidad Muprespa, por recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Detectives Privados en España (APDPE).

Este contrato ascendía a 1.359.960 euros, repartidos a lo largo de cuatro anualidades. Siendo cada una de 391.798 euros con IVA incluido. Esta decisión, llevada a cabo por la secretaria general del Tribunal, María Ángeles Martín Hernanz, está fundamentada en la Ley de Contratos del Estado. La secretaria afirma que si la interposición del recurso pone de manifiesto los perjuicios que podrían derivarse tras llevar a cabo los trámites de contratación son de difícil o imposible reparación hay que suspenderlo de forma provisional hasta que se dicte la resolución del recurso.

Por primera vez esta Asociación interpone un recurso contra el sistema de contratación de los servicios de investigación privados por parte de las Mutuas. Ante esta situación, los Colegios Profesionales del sector han apoyado la decisión.

Este contrato tendría como objetivo contratar detectives en 50 provincias para que vigilen, sigan e investiguen a trabajadores que se encuentran de baja, parados o autónomos sin actividad. Gracias a los profesionales podremos verificar que están cumpliéndose las condiciones asociadas a las ayudas públicas que reciben. Según los cálculos oficiales es una inversión que compensa debido a que habría un gran ahorro de los subsidios inmerecidos.

La APDPE en su recurso considera que los pliegos del concurso afectan a la esencial de la actividad profesional de los detectives y contienen motivos para que se lleve a cabo la nulidad evidente. Ante esta situación deberá de pronunciarse el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La APDPE considera que quien ha elaborado estos pliegos no tiene mucho conocimiento respecto al trabajo de investigación llevado a cabo por los detectives privados. Hace hincapié en que el sistema para fijar el precio está basado en los resultados. El detective deberá de responder siempre a una obligación de medios y no de resultados.

Según lo establecido en estos pliegos el detective deberá de aportar tiempos mínimos de grabación para poder cobrar el precio fijado en la licitación. Esto deja a un lado toda la información que puede aportar el detective que no sea grabada pero que ayude a esclarecer si está cumpliéndose la ley en una baja, situación de desempleo o cualquier otro escenario.

La APDPE señala que el artículo 1.447 del Código Civil dice que el precio que se tenga por cierto bastará lo que sea con referencia a otra cosa cierta. A su vez, el 1.449 prohíbe expresamente que el señalamiento del precio se deje al arbitrio de uno de los contratantes.

Según la Asociación, los pliegos adolecen de seguridad jurídica debido a que la última palabra sobre el trabajo del detective la tiene el director de la sucursal correspondiente, quien decidirá si el trabajo es válido o no. La agencia de detectives no puede formular oposición a esta opinión.

Además, recuerdan que el detective emplea el mismo tiempo, realiza las mismas funciones y tiene los mismos gastos independientemente del tiempo de grabación investigado.

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