El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido provisionalmente el concurso del procedimiento “Contratación del servicio de investigación privada por medio de detectives en 50 provincias”. Este había sido convocado por la mutualidad Fraternidad Muprespa, por recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Detectives Privados en España (APDPE).

Este contrato ascendía a 1.359.960 euros, repartidos a lo largo de cuatro anualidades. Siendo cada una de 391.798 euros con IVA incluido. Esta decisión, llevada a cabo por la secretaria general del Tribunal, María Ángeles Martín Hernanz, está fundamentada en la Ley de Contratos del Estado. La secretaria afirma que si la interposición del recurso pone de manifiesto los perjuicios que podrían derivarse tras llevar a cabo los trámites de contratación son de difícil o imposible reparación hay que suspenderlo de forma provisional hasta que se dicte la resolución del recurso.

Por primera vez esta Asociación interpone un recurso contra el sistema de contratación de los servicios de investigación privados por parte de las Mutuas. Ante esta situación, los Colegios Profesionales del sector han apoyado la decisión.

Este contrato tendría como objetivo contratar detectives en 50 provincias para que vigilen, sigan e investiguen a trabajadores que se encuentran de baja, parados o autónomos sin actividad. Gracias a los profesionales podremos verificar que están cumpliéndose las condiciones asociadas a las ayudas públicas que reciben. Según los cálculos oficiales es una inversión que compensa debido a que habría un gran ahorro de los subsidios inmerecidos.

La APDPE en su recurso considera que los pliegos del concurso afectan a la esencial de la actividad profesional de los detectives y contienen motivos para que se lleve a cabo la nulidad evidente. Ante esta situación deberá de pronunciarse el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La APDPE considera que quien ha elaborado estos pliegos no tiene mucho conocimiento respecto al trabajo de investigación llevado a cabo por los detectives privados. Hace hincapié en que el sistema para fijar el precio está basado en los resultados. El detective deberá de responder siempre a una obligación de medios y no de resultados.

Según lo establecido en estos pliegos el detective deberá de aportar tiempos mínimos de grabación para poder cobrar el precio fijado en la licitación. Esto deja a un lado toda la información que puede aportar el detective que no sea grabada pero que ayude a esclarecer si está cumpliéndose la ley en una baja, situación de desempleo o cualquier otro escenario.

La APDPE señala que el artículo 1.447 del Código Civil dice que el precio que se tenga por cierto bastará lo que sea con referencia a otra cosa cierta. A su vez, el 1.449 prohíbe expresamente que el señalamiento del precio se deje al arbitrio de uno de los contratantes.

Según la Asociación, los pliegos adolecen de seguridad jurídica debido a que la última palabra sobre el trabajo del detective la tiene el director de la sucursal correspondiente, quien decidirá si el trabajo es válido o no. La agencia de detectives no puede formular oposición a esta opinión.

Además, recuerdan que el detective emplea el mismo tiempo, realiza las mismas funciones y tiene los mismos gastos independientemente del tiempo de grabación investigado.

Los detectives privados son cada día más imprescindibles en la vida cotidiana. El pasado mes de diciembre la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimo el recurso de un hombre que alegaba que habían sido vulnerados sus derechos de propia imagen e intimidad debido a una investigación llevada a cabo por un detective privado. El profesional, contratado por la ex mujer, tenía como objetivo la grabación y aportación de pruebas en las que dejara claro que disponía de recursos para poder pagar las pensiones acordadas en el proceso de divorcio.

En este caso el alto tribunal afirmaba que no había existido una intromisión ilegítima en la propia imagen e intimidad pero sí una habilitación legal y proporcional de las medidas en cuanto al derecho de defensa de la exmujer. Esta aportó esta prueba a procesos judiciales para que se produjeran los reiterados impagos de prestaciones alimenticias.

La conclusión está fundamentada en la idoneidad y necesidad de investigación debido a la existencia de una situación previa donde se incumplía de forma reiterada. En esta situación existían trabas para poder encontrar datos sobre la situación económica de dicha persona que sí que podían aportarse con la actividad de un detective privado.

La investigación consistió en una entrevista en el despacho del exmarido en la que el detective, haciéndose pasa por un cliente, consiguió que mostrara que la persona realizaba servicios de forma profesional. Las grabaciones tuvieron lugar en el despacho de la persona y posteriormente en la calle por lo que los límites fueron respetados.

En respecto al derecho a la imagen destacaron que pese a que no fueron consentidas las grabaciones no contienen ningún elemento de desdoro para la persona. Pero sí que tienden a dotar de más información a los informes. En cuando a la intimidad, esta grabación no invade ningún ámbito personal y familiar debido a que el comportamiento con el detective sería el mismo que con cualquier otro cliente.

Gracias a estas pruebas la ex esposa tuvo todos los medios legales para intentar la efectividad de los derechos de ella y sus hijos. La contratación de detectives privados para este tipo de casos es de lo más común. Obtener información veraz que poder aportar en un juicio es de lo más necesario.

Contacta con Zurita Detectives, te ayudaremos con tu caso.