El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido provisionalmente el concurso del procedimiento “Contratación del servicio de investigación privada por medio de detectives en 50 provincias”. Este había sido convocado por la mutualidad Fraternidad Muprespa, por recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Detectives Privados en España (APDPE).

Este contrato ascendía a 1.359.960 euros, repartidos a lo largo de cuatro anualidades. Siendo cada una de 391.798 euros con IVA incluido. Esta decisión, llevada a cabo por la secretaria general del Tribunal, María Ángeles Martín Hernanz, está fundamentada en la Ley de Contratos del Estado. La secretaria afirma que si la interposición del recurso pone de manifiesto los perjuicios que podrían derivarse tras llevar a cabo los trámites de contratación son de difícil o imposible reparación hay que suspenderlo de forma provisional hasta que se dicte la resolución del recurso.

Por primera vez esta Asociación interpone un recurso contra el sistema de contratación de los servicios de investigación privados por parte de las Mutuas. Ante esta situación, los Colegios Profesionales del sector han apoyado la decisión.

Este contrato tendría como objetivo contratar detectives en 50 provincias para que vigilen, sigan e investiguen a trabajadores que se encuentran de baja, parados o autónomos sin actividad. Gracias a los profesionales podremos verificar que están cumpliéndose las condiciones asociadas a las ayudas públicas que reciben. Según los cálculos oficiales es una inversión que compensa debido a que habría un gran ahorro de los subsidios inmerecidos.

La APDPE en su recurso considera que los pliegos del concurso afectan a la esencial de la actividad profesional de los detectives y contienen motivos para que se lleve a cabo la nulidad evidente. Ante esta situación deberá de pronunciarse el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La APDPE considera que quien ha elaborado estos pliegos no tiene mucho conocimiento respecto al trabajo de investigación llevado a cabo por los detectives privados. Hace hincapié en que el sistema para fijar el precio está basado en los resultados. El detective deberá de responder siempre a una obligación de medios y no de resultados.

Según lo establecido en estos pliegos el detective deberá de aportar tiempos mínimos de grabación para poder cobrar el precio fijado en la licitación. Esto deja a un lado toda la información que puede aportar el detective que no sea grabada pero que ayude a esclarecer si está cumpliéndose la ley en una baja, situación de desempleo o cualquier otro escenario.

La APDPE señala que el artículo 1.447 del Código Civil dice que el precio que se tenga por cierto bastará lo que sea con referencia a otra cosa cierta. A su vez, el 1.449 prohíbe expresamente que el señalamiento del precio se deje al arbitrio de uno de los contratantes.

Según la Asociación, los pliegos adolecen de seguridad jurídica debido a que la última palabra sobre el trabajo del detective la tiene el director de la sucursal correspondiente, quien decidirá si el trabajo es válido o no. La agencia de detectives no puede formular oposición a esta opinión.

Además, recuerdan que el detective emplea el mismo tiempo, realiza las mismas funciones y tiene los mismos gastos independientemente del tiempo de grabación investigado.

Los detectives privados nos sumamos a otros sectores contra el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Esto supondría un aumento en el 40% de los costes sociales. El motivo es que este modelo no se adapta a nuestra realidad.

La Asociación Profesional de Detectives Privados (APDPE) afirma que bajo el nuevo sistema de cotización que ha propuesto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los profesionales del sector no podrían asumir los costes de la cuota de autónomo que habrá que pagar. Este coste no se adaptaría por completo a la realidad de la profesión. Son muchos los colectivos que se han sumado a esta queja, como psicólogos, periodistas, médicos o agricultores. Este cambio aumentará un 40% los gastos que tiene habitualmente el colectivo.

Las cantidades de las cuotas que se han reflejado son desproporcionadas a la realidad que viven los detectives privados. No cumplen en ningún momento con el objetivo de ayudar a los detectives privados autónomos que menos cotizan.

Como ha añadido la APDPE ·según lo publicado hasta la fecha entraría en vigor en enero de 2023 y aumentaría la cuota a más de la mitad de los autónomos. Llegando incluso a cuadriplicarla, mientras que a los detectives privados autónomos que más les bajase dicha cuota, se les reduciría en tan sólo un 20% en la base de la cuota y dentro de 9 años”.

Ante esta situación, la APDPE pide que aquellos autónomos que tienen pérdidas o facturan por debajo del SMI deberían de reducir la cuota hasta quedar en “algo prácticamente simbólico”. También advierten que el actual panorama de nuestro país aún no ha conseguido recuperarse de la pandemia y que esta reforma solo tiene como objetivo obtener más recursos económicos. La asociación afirma que está completamente opuesta a la reforma debido a que “no soluciona ninguno de nuestros problemas”.

Asimismo, los detectives autónomos esperan que las negociaciones en la mesa de diálogo consigan revelar las circunstancias por las que atraviesa el sector. Confían en que aparezca una propuesta coherente y que llegue a un acuerdo real para los detectives privados.

Ser detective privado no siempre es tarea fácil. Para Gabriel Cruz no lo fue. El detective más joven de España a principios de los 90 acabó dejando la profesión para convertirse en periodista de investigación. Actualmente trabaja como reportero para un canal de televisión.

Entre sus grandes herramientas estaba su cámara con un gran teleobjetivo y un carrete para captar las imágenes en la noche. Como detective, conocía los límites: “puedo decir que dos personas han subido a la habitación de un hotel, pero no puedo sacar una foto del interior ya que eso sería intromisión ilegítima y te podrían quitar la licencia”. Tampoco era posible investigar un asesinato o tráfico de drogas debido a que al ser casos penales debe hacerlo la Policía.

Detalla que obtuvo su primer caso como detective privado anunciándose en las Páginas Amarillas. El tema, que aún sigue en pleno candelero, era la investigación de una baja laboral. Al hacer el seguimiento consiguió conocer que la persona estaba de baja correctamente y no realizaba otras tareas como estaba sospechando la empresa.

Sus temas más recurrentes eran las bajas matrimoniales y las parejas que sospechaban sobre una infidelidad. Existe la falsa creencia de que esta actividad es relativamente nueva debido a que su primera referencia aparece en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, pero lo cierto es que existe desde principios de los 90. Por aquel entonces no había mucha formación en este tema.

Entre los motivos por los que Gabriel abandonó la profesión de detective privado está el hecho de que el cliente lo que busca son los resultados. En ocasiones estos no son los que le gustaría, negándose a pagar. Así como también indica que un problema es la burocracia del país.

Son muchos los detectives privados que han abandonado la profesión debido a sus desventajas. Gabriel Cruz fue uno de los detectives más jóvenes en los 90, centrando sus investigaciones en elementos como el uso de la cámara oculta para utilizarla como pruebas en juicios.

Los detectives privados son cada día más imprescindibles en la vida cotidiana. El pasado mes de diciembre la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimo el recurso de un hombre que alegaba que habían sido vulnerados sus derechos de propia imagen e intimidad debido a una investigación llevada a cabo por un detective privado. El profesional, contratado por la ex mujer, tenía como objetivo la grabación y aportación de pruebas en las que dejara claro que disponía de recursos para poder pagar las pensiones acordadas en el proceso de divorcio.

En este caso el alto tribunal afirmaba que no había existido una intromisión ilegítima en la propia imagen e intimidad pero sí una habilitación legal y proporcional de las medidas en cuanto al derecho de defensa de la exmujer. Esta aportó esta prueba a procesos judiciales para que se produjeran los reiterados impagos de prestaciones alimenticias.

La conclusión está fundamentada en la idoneidad y necesidad de investigación debido a la existencia de una situación previa donde se incumplía de forma reiterada. En esta situación existían trabas para poder encontrar datos sobre la situación económica de dicha persona que sí que podían aportarse con la actividad de un detective privado.

La investigación consistió en una entrevista en el despacho del exmarido en la que el detective, haciéndose pasa por un cliente, consiguió que mostrara que la persona realizaba servicios de forma profesional. Las grabaciones tuvieron lugar en el despacho de la persona y posteriormente en la calle por lo que los límites fueron respetados.

En respecto al derecho a la imagen destacaron que pese a que no fueron consentidas las grabaciones no contienen ningún elemento de desdoro para la persona. Pero sí que tienden a dotar de más información a los informes. En cuando a la intimidad, esta grabación no invade ningún ámbito personal y familiar debido a que el comportamiento con el detective sería el mismo que con cualquier otro cliente.

Gracias a estas pruebas la ex esposa tuvo todos los medios legales para intentar la efectividad de los derechos de ella y sus hijos. La contratación de detectives privados para este tipo de casos es de lo más común. Obtener información veraz que poder aportar en un juicio es de lo más necesario.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a un trabajador a abonar a su antigua empresa, entre otros gastos, la factura del detective privado que contrató para demostrar que estaba realizando un fraude con su baja. el detective privado aportó pruebas de que la persona, que trabajaba como vigilante de seguridad, estaba realizando actividades durante su temporada de baja como DJ en varias discotecas. En teoría se encontraba en una situación de incapacidad temporal debido a un estado de depresión. Las pruebas sirvieron para despedirle disciplinariamente.

Tras admitir la justicia la procedencia de despido, el trabajador planteo una segunda demanda reclamando el pago de los salarios pendientes. La compañía respondió con una demanda en la que se exigía al exempleado 15.000 euros por los perjuicios ocasionados en el proceso de su incapacidad. Además de añadir toda una serie de gastos que se habían realizado para poder acreditar el fraude y despido. Entre ellos se encontraban 653 euros del detective, 124 euros del notario y los 1940 del abogado, entre otros.

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia andaluz rechaza el pago de los 15000 euros pero mantiene el resto debido a su calificación de “perjuicios derivados de la acción de despido declarado procedente). Todos ellos suman 2747 euros, terminando el pleito con una deuda a favor de la compañía.

Esta resolución ha resultado controvertida porque ninguno de los laboristas recuerda un caso en el que el empleado haya tenido que pagar los gastos del empresario para probar su despido. Abriendo así un debate sobre si es posible realizar este tipo de trámites para que el despido sea “gratuito”. Algunos abogados afirman que esta sentencia podría abrir puerta a que otras compañías reclamen esos gastos.

La intervención de un detective privado en este caso ha sido imprescindible para poder determinar que se estaba cometiendo una ilegalidad. Cada vez son más las empresas que recurren a nuestros servicios para poder corroborar que la baja de sus empleados es un fraude.

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Durante una gran parte de la historia del cine y la literatura, gran cantidad de creadores han ido plasmando un prototipo de detective privado concreto: hombre blanco de carácter duro y fumar. Además, era muy común que durante el desarrollo de la trama sufriera situaciones violencia mientras se movía por los barrios más peligrosos. Era muy habitual que contara con un pasado oscuro, normalmente un ex policía obligado a dejar el cuerpo. 

Sin embargo, la profesión de detective privado nada tiene que ver con ese tipo de descripciones. Actualmente el gremio cuenta con gran cantidad de mujeres. Siendo una vocación elegida desde el primer momento y con un grado universitario y estudios de postgrado. El detective real suele frecuentar oficinas y despechos de grandes empresas que necesitan sus servicios, siempre siguiendo la legalidad. 

Las mujeres ya son el 30% de los detectives ejercientes, proceso que va camino de convertirse en el 50%. Los profesionales afirman que la visión femenina puede dar un aporte diferente y sumar mucho. Gracias a su inteligencia emocional se puede acceder a muchas fuentes de información que los hombres podían tener vedadas. Existe la creencia de que transmiten una mayor confianza que los hombres. 

Las características que deben definir a un detective privado son la rapidez, resolución, constancia, intuitivos y tener mucha paciencia porque en ocasiones la profesión puede ser frustrante por no poder tener algunos datos que te ayuden a la resolución del caso. Suele ser un híbrido entre periodista y abogado porque necesita tener cultura e inteligencia en el ámbito de la lengua. 

A la hora de desarrollar su día a día, el detective trabaja tanto en la calle como en el despacho. Por lo que tiene la necesidad de adaptarse a todo tipo de medios. En caso de estar en la calle, la vestimenta tiene que ser adecuada al barrio por lo que suelen tener diferentes mudas en el coche. Pero en algunas ocasiones ni esas previsiones son suficientes, por lo que tienen que improvisar sobre la marcha. 

Ante el desconocimiento sobre la actividad de los detectives llegan muchas personas confundidas que quieren que se investigue cuestiones que son únicamente corresponden a la policía. Todo ello conlleva que en ocasiones incluso lleguen a pedir algunas cosas que están fuera de la ley o que rozan más la ficción que la realidad. 

Aunque cualquier persona puede contratar un detective privado, este no está obligado a aceptar cualquier cualquier encargo si no está acorde al propio código deontológico de la profesión o a los valores éticos. 

Otra de las leyendas que rodean a los detectives privados es que en esta profesión corres el riesgo de tener amenazas o sobornos por parte de los afectados por la investigación. En algunas ocasiones sí que se convierte en real debido a las situaciones en las que te puedes ver implicado en peligros. 

Sin embargo, la verdadera amenaza en el siglo XXI para los profesionales de la seguridad privada es la tecnología. Estamos en un mundo hiperconectado en el que mucha de la información está disponible con un solo clic. Y esto puede hacer que en ocasiones se desconfíe de la profesión. 

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La llegada del coronavirus ha hecho que los detectives privados pongamos el foco en actividades como la vigilancia del teletrabajo. Sin embargo, el cumplimiento del confinamiento de hijos de padres separados también ha sido uno de los temás más recurrentes en el último año.

La crisis de coronavirus introdujo al país en una continua incertidumbre que se extendió en gran cantidad de temas. Las contradicciones eran habituales en las decisiones a tomar. Por lo que en aquellos casos en los que había menores de por medio siempre había que actuar contando con el binestar de los mismos.

El Real Decreto Ley 463/2020 establecía en su artículo 7, apartado e) que, durante el estado de alarma, las personas solo podrían circular por las vías de uso público para actividades como: asistencia y cuidado de mayores, menores, personas dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Este Real Decreto Ley no suspendía el régimen de visitas si el sistema de custodia compartida por las limitaciones de ciruclación. Por lo que los hijos podrían seguir pasando la jornada correspondiente con el cónyuge.

Ante esta situación aparecieron encargos para los detectives privados que derivaban en la comprobación del cumplimiento de la custodia por parte de los padres. En ocasiones se producían voluntades encontradas entre los padres debido a la creencia de una sobreexposición al virus según algunas actividades.

En algunos casos los detectives privados en Sevilla podían comprobar como el tiempo que pasaba el menor con el progenitor iba de un lugar a otro con total libertad, pese a que la normativa establecía que no podía salir de casa ni relacionarse escepto en circunstancias concretas. Entre las infracciones más destacadas estaba la de llevar al menor a casa de los abuelos, relacionándose por tanto con personas de alto riesgo y suponiendo un peligro para ambas partes.

Comprobar que se está cumpliendo de forma específica la normativa en cuanto a la custodia del menor es un trabajo de lo más importante. Nuestros profesionales de Zurita Detectives cuentan con una amplia experiencia en el ámbito familiar. Contacta con nosotros para más información.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que favorece al apoyo del uso de geolocalizadores como complemento en la actividad de los detectives privados. 

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (LOPD) establece en el artículo 20 bis en el Estatuto de los trabajadores que estos “tienen derecho (…) a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales”. Sin embargo, el 24 de febrero de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la sentencia 180/2021, en la cual aborda el uso de sistemas de geolocalización por la empresa.

Todo se debe a un trabajador que fue despedido debido a la utilización de la jornada laboral para poder realizar actividades personales, así como también la falsificación de informes de visitas y la liquidación indebida de ciertos gastos. Para poder conseguir las pruebas se accedió a un dispositivo de geolocalización instalado por la empresa en su vehículo asignado. A su vez, también contaron con los servicios de un detective privado durante 4 semanas.

En esta situación, el trabajador recurre la sentencia alegando que se había producido una violación de su derecho a la intimidad debido a la colocación de la baliza GPS en el vehículo. Sin embargo, el Tribunal señala que:

  1. La utilización de uso mixto del vehículo no impide que sea controlado.
  2. Esta geolocalización solo se limitó a la jornada laboral.
  3. La información obtenida solo tenía como objetivo la carga probatoria que el legislador impone para que pueda haber una extinción del contrato de trabajo por parte de la empresa.

En cuanto a la vulneración del derecho a la intimidad de él y su familia, la sentencia afirma que no se puede alegar derecho a la intimidad cuando no está en una situación que permita el resguardo de la vida privada frente al escrutinio de terceros.

Esta sentencia supone todo un apoyo para el uso de geolocalizadores como apoyo a los servicios de investigación privada. Sobre todo en aquellos casos en los que es la única alternativa.

El Servicio de Protección de Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil y todos los Guardias Civiles han realizado un comunicado a través del Programa Coopera para destacar el reconocimiento y la gratitud al sector de la seguridad privada. Destacan el trabajo que están realizando en la situación actual de crisis sanitaria, dando seguridad y confianza en todo tipo de sectores esenciales y estratégicos del país.

Reconocen el trabajo callado, abnegado y alegado de los focos mediáticos, haciendo hincapié en que es “valorado y reconocido por todos los españoles y todas las empresas y organismos donde prestan sus servicios”.

Ofrecen ánimos dado que “esta pesadilla pasará” y hablan de la colaboración entre la seguridad pública y privada, siendo más que necesaria su existencia para poder afrontar juntos la realidad actual y poder salir más unidos.

Este trabajo conjunto hace posible que día a día funcione todo tipo de instalaciones esenciales y necesarias en la sociedad. Ofreciendo una mayor seguridad en un momento crucial como el actual.WhatsApp Image 2021 04 19 at 11.43.23 detectives Sevilla

La llegada del coronavirus ha dado un giro a los temas centrales sobre los que gira el trabajo de los detectives privados. Quedaron a un lado las custodias y bajas laborales fraudulentas para actualmente centrar el foco en trabajadores que se escaquean de sus quehaceres diarios.

Son muchas las empresas que han tenido que adaptar a sus trabajadores al teletrabajo. En este punto, muchos de los empleados utilizan todo tipo de “tretas” para librarse de gran parte del tiempo de su jornada laboral. Una de las más habituales es dejar el ordenador en remoto para ir a hacer todo tipo de recados. Desde pasar por el supermercado a irse al gimnasio. Tal es el punto que tras las investigaciones de algunos detectives privados han descubierto a algunas personas incluso con negocios personales paralelos.

El teletrabajo ha sido asumido por todo tipo de empresas: tanto grandes como pequeñas. A la hora de investigar a los empleados no hay distinciones. Las grandes empresas quieren conocer si verdaderamente sus trabajadores están llevando a cabo las tareas como deberían. Al igual que algunas más pequeñas se preguntan por qué no obtienen los mismos rendimientos.

Verificación antes de la investigación

Cuando los detectives privados vamos a investigar por estas causas a un empleado, verificamos con anterioridad la existencia de una relación laboral con la persona. También habrá que establecer que existe un interés legítimo para efectuar ese control. Cuando las empresas comparan rendimiento entre sus empleados y descubren algunas cifras que no son las adecuadas, suelen contactar con los detectives privados. La investigación consistirá en el seguimiento durante algunos días para saber si la persona realmente se encuentra en casa o si es posible verla en otros lugares durante el horario laboral.

Pruebas del engaño

En todo momento se vela por los intereses del cliente, pero también por los derechos de la persona a la que se investiga. El informe realizado solo tendrá validez en caso de que haya un juicio y se cumplan todos los requisitos de legalidad.

En este tipo de casos los mejores aliados son los vídeos y fotografías. En los informes aparecen las horas exactas de las salidas en horario laboral, a qué ha salido y demás quehaceres. Siempre destacando que no se trata de comportamientos puntuales, sino que realmente pasan gran cantidad de horas laborales realizando otras actividades.

Normalmente este tipo de investigados son empleados que ya han dado problemas con anterioridad. Por lo que la situación lleva a la necesidad de hacerle un seguimiento para confirmar las sospechas.

En Zurita Detectives contamos con los mejores profesionales para realizar todo tipo de investigaciones. Si cuentas con la sospecha, no dudes en contactar con nosotros. Realizaremos un informe detallado sobre cada uno de los investigados.